Bienvenido al sitio web en español.

El contenido de este sitio web ha sido en su mayor parte traducido profesionalmente al español. Sin embargo, tenga en cuenta que ciertas porciones del contenido (incluidos, de manera enunciativa pero no limitativa, las últimas noticias, los calendarios, las reglas, los estatutos, etc.) están disponibles únicamente en inglés y no aparecen en el menú de las páginas en español. Para ver todos los títulos del menú de este sitio web, haga clic en la palabra “English” que aparece junto al símbolo de la bandera.

Al igual que el gobierno federal y un creciente número de estados, en los últimos años Nuevo México ha cambiado las antiguas prácticas disfuncionales con el fin de proteger aún más la seguridad pública y mejorar la imparcialidad de su sistema de justicia antes de los juicios. Cada jurisdicción que ha estudiado seriamente el problema ha concluido que solo se pueden lograr reformas significativas con respecto a la manera en que distinguimos entre arrestados que mantenemos en la cárcel antes del juicio y aquellos a quienes les permitimos estar en libertad hasta que se determine su culpabilidad si cambiamos el sistema basado en dinero por un sistema de libertad y detención basado en pruebas de riesgo.

Durante los últimos años, Nuevo México ha dado dos pasos importantes en esa dirección:

(1) Aprobación por el Poder Legislativo de Nuevo México (91% a favor) y por los votantes (87% a favor) de una enmienda constitucional para dar a los jueces nueva autoridad para negar la libertad a los acusados que han demostrado ser peligrosos (sin importar cuánto dinero puedan pagar por una fianza) y garantizar que aquellos acusados que no son peligrosos ni presentan riesgo de fugarse no puedan ser encarcelados antes del juicio por el solo hecho de no tener los medios económicos para pagar una fianza; y

(2) Emisión, en julio de 2017, de reglas judiciales del Tribunal Supremo por recomendación de un comité de reformas para fianzas de amplia base, para hacer cumplir las órdenes de la nueva enmienda constitucional, proteger mejor la seguridad pública y mejorar la protección equitativa de la ley. Más información

Preguntas frecuentes sobre el sistema de justicia previa al juicio